Recomendaciones


Poner a la salud yla seguridad de las comunidades en primer lugar requiere una reorientación fundamental de las prioridades políticas y los recursos, que deje de lado las fallidas leyes punitivas e impulse intervenciones en el campo de la salud y sociales basadas en evidencia.

Tanto los objetivos declarados de las políticas para el control de drogas, como los criterios que las evalúan, ameritan una reforma. Los objetivos e indicadores tradicionales —como el número de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, la cantidad de drogas incautadas y el número de personas arrestadas, juzgadas, condenadas y encarceladas por violar las leyes relacionadas con las drogas— no produjeron resultados positivos.
Mucho más importantes son los objetivos e indicadores enfocados en reducir los daños relacionados con las drogas, como las sobredosis fatales, el VIH/SIDA, la hepatitis y otras enfermedades, así como los daños relacionados con la prohibición, tales como el crimen, la violencia, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la degradación del medio ambiente, el desplazamiento de comunidades y el poder de las organizaciones criminales. El gasto en medidas contraproducentes debe terminar, mientras que la probada prevención, la reducción de daños, así como el tratamiento deben recibir los recursos necesario.

Se debe asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales, en particular a los medicamentos contra el dolor derivados del opio.

Más del ochenta por ciento de la población mundial carga con el enorme peso de un dolor y sufrimiento evitables, con escaso o nulo acceso a este tipo de medicamentos. Esta situación persiste pese a que evitar el dolor y el sufrimiento son un objetivo y una obligación básica del marco mundial para el control de drogas.
Los gobiernos deben fijar planes y plazos claros para eliminar los obstáculos nacionales e internacionales que impidan este acceso. Ellos deberán también asignar los fondos necesarios para un programa internacional —con supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desarrollado en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)— para garantizar el acceso equitativo y asequible de estos medicamentos allí donde no estén disponibles.

Es preciso poner fin a la penalización del uso y posesión de drogas, y dejar de imponer “tratamientos obligatorios” a las personas cuyo único delito es el consumo de drogas o su posesión.

La penalización del uso de drogas tiene poco o ningún impacto en los niveles de consumo de sustancias en una sociedad abierta. Tales políticas, sin embargo, estimulan comportamientos de alto riesgo como inyectarse sin seguridad, hacen que las personas que necesitan tratamiento no lo busquen, evitan que los recursos de aplicación de la ley se vuelquen a los delitos realmente graves, reducen el personal y los fondos gubernamentales que de otro modo podrían invertirse positivamente en la vida de las personas y perjudican a millones con los efectos negativos y de largo plazo de una condena penal.
Utilizar el sistema de justicia penal para obligar a las personas arrestadas por posesión o consumo de drogas a someterse a “tratamiento” muchas veces hace más daño que bien. Mucho mejor es garantizar la oferta de diversos servicios de apoyo en las comunidades. Cabe destacar que esta recomendación no requiere de ninguna reforma de los tratados de control de drogas internacionales.

Se debe optar por alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y de los eslabones más bajos de la cadena, como lo son los campesinos, mulas y otros involucrados en la producción, transporte y venta de drogas ilícitas.

Los gobiernos dedican cada vez más recursos a detectar, arrestar y encarcelar a las personas involucradas en el mercado de drogas ilícitas —con poca o ninguna evidencia de que tales esfuerzos reduzcan los problemas causados por las drogas o eviten que otros sigan el mismo camino. Las intervención que involucran a las comunidades y las sansiones no penales generalmente resultan menos costosas y más efectivas que la penaliza-ción y el encarcelamiento.
Los campesinos y jornaleros que hacen parte del mercado de las drogas, participando en el cultivo, procesamiento, transporte o venta de droga como una una forma de subsistencia para sus familias, no deben ser sujetos del castigo penal. Únicamente los esfuerzos de desarrollo socioeconómico a largo plazo que mejoren el acceso a la tierra y al trabajo digno, reduzcan la desigualdad económica y la marginación social y que refuercen la seguridad pueden ofrecerles una legítima estrategia de escape.

Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado.

Los gobiernos deben ser mucho más estratégicos, anticipando las maneras en que ciertas iniciativas de aplicación de la ley, en particular los operaciones de mano dura militarizadas, pueden muchas veces exacerbar la violencia criminal y la inseguridad pública sin de hecho detener la producción, tráfico o consumo de drogas. Desplazar la producción de drogas ilícitas de un lugar a otro o el control de una ruta de tráfico de una organización criminal a otra muchas veces causa más daño que beneficios.
Los objetivos de la represión de la oferta de drogas deben reorientarse desde la inalcanzable erradicación del mercado hacia posibles reducciones de la violencia y los daños asociados con el tráfico. Los recursos de la aplicación de la ley deben dirigirse hacia los elementos más violentos, perturbadores y problemáticos del mercado, conjuntamente con la cooperación internacional para combatir el lavado de activos y la corrupción. Militarizar los esfuerzos antidrogas rara vez es efectivo y a menudo es contraproducente. Es fundamental una mejor y más amplia rendición de cuentas en relación con los abusos a los derechos humanos cometidos en las acciones coercitivas contra las drogas.

Se deben permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas empezando, entre otras, por el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas.

Mucho se puede aprender de los éxitos y fracasos de la regulación del alcohol, el tabaco, los fármacos y otros productos y actividades que presentan riesgos para la salud y de otro tipo para los individuos y las sociedades.
Se necesitan nuevos experimentos que permitan el acceso legal pero restringido a drogas que actualmente están disponibles solo de manera ilegal. Esto debe incluir la expansión del tratamiento asistido con heroína para algunos usuarios dependientes de larga data, que resultó tan eficaz en Europa y Canadá. En última instancia, el método más efectivo para reducir los extensos daños causados por el régimen mundial de prohibición de drogas y para promover los objetivos de salud pública y seguridad es controlar las drogas a través de una regulación legal responsable.

Se debe aprovechar la oportunidad que presenta la UNGASS de 2016 para reformar el marco internacional de políticas de drogas.

El liderazgo de la Secretaría General de la ONU es esencial para asegurar que todas las agencias de la ONU relevantes —no solo aquellas dedicadas a la aplicación de la ley sino también a la salud, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo— participen plenamente de una evaluación ‘única de la ONU’ acerca de las estrategias mundiales para el control de la droga. La Secretaría de la ONU debe facilitar de inmediato un debate abierto que incluya nuevas ideas y recomendaciones con base en la evidencia científica, los principios de salud pública, los derechos humanos y el desarrollo.
En las últimas décadas un creciente número de países ha defendido con éxito cambios en las políticas dirigidos a la reducción de daños, al cese de la penalización de los usuarios de drogas, a la proporcionalidad de las condenas y a las alternativas al encarcelamiento, al amparo de la flexibilidad jurídica que permiten los tratados de la ONU. La exploración de interpretaciones flexibles de los tratados internacionales sobre drogas es un objetivo importante, pero en última instancia se deberá reformar el marco internacional para el control de drogas con el fin de que permita una regulación legal y responsable.